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Jue Ago 04, 2011 4:37 pm por Invitado
La campaña de Amnistía Internacional
La llamada “guerra contra el terror” ha conducido al menoscabo de una gran cantidad de derechos humanos. Los Estados recurren a prácticas prohibidas desde hace mucho tiempo por el derecho internacional, y han intentado justificarlas en nombre de la seguridad nacional. Entre los objetivos de la campaña destacan los siguientes:
Cerremos Guantánamo. Cientos de personas continúan detenidas en Guantánamo, sin cargos y sin apenas esperanzas de tener un juicio justo.
A pesar de la indignación internacional y del deseo expresado por las propias autoridades estadounidenses de cerrar el campo, Guantánamo sigue recluyendo a detenidos ilegalmente.
Cientos de detenidos languidecen en unas condiciones crueles, inhumanas y degradantes, incluso aquéllos cuya liberación ya ha sido autorizada.
Guantánamo es un símbolo de injusticia y abusos, y debe cerrarse.
Amnistía Internacional insta al gobierno de Estados Unidos a que cierre Guantánamo de un modo transparente que respete plenamente los derechos humanos de los detenidos y haga comparecer en juicios justos a quienes sean acusados de delitos comunes reconocibles
Nada de tratos con Estados que torturan. En el contexto de la "guerra contra el terror", algunos Estados han intentado devolver a personas detenidas a lugares en los que corren el riesgo de sufrir tortura y otros malos tratos.
Han buscado y aceptado "garantías diplomáticas" de Argelia, Egipto, Jordania o Túnez, según las cuales las personas devueltas no sufrirán violaciones de derechos humanos.
En algunos casos, estas garantías de ausencia de tortura han demostrado no ser fiables y han tenido drásticas consecuencias para las personas afectadas.
Además, las garantías diplomáticas no se pueden hacer cumplir y son manifiestamente discriminatorias. Son papel mojado.
Amnistía Internacional se opone al uso de garantías diplomáticas en estas circunstancias, pues ponen en peligro la prohibición internacional de la tortura y otros malos tratos, y en particular, la obligación absoluta e incondicional de no entregar a ninguna persona a un país en el que corra el riesgo de ser sometida a tortura o malos tratos.
Poner fin a los secuestros. Se teme que cientos de personas hayan sido detenidas ilegalmente y trasladadas, por lo general en secreto, a países en donde les esperan más violaciones de derechos humanos, como la tortura u otros malos tratos y la desaparición forzada.
Algunas de las víctimas de esta práctica -conocida como "entrega"- han acabado en centros oficiales de detención estadounidenses, tales como Guantánamo. Otras siguen desaparecidas, y se desconocen su suerte y paradero.
Aunque es Estados Unidos el que ha construido esta red de entregas, detenciones secretas y desapariciones forzadas, nada de esto sería posible sin la participación de otros gobiernos y servicios de seguridad de todo el mundo.
Amnistía Internacional hace campaña para que los gobiernos abandonen las prácticas de traslado ilegal, desaparición forzada y detención secreta de una vez por todas.
La organización también trabaja para que se haga rendir cuentas a todas las personas responsables de tales prácticas.
La llamada “guerra contra el terror” ha conducido al menoscabo de una gran cantidad de derechos humanos. Los Estados recurren a prácticas prohibidas desde hace mucho tiempo por el derecho internacional, y han intentado justificarlas en nombre de la seguridad nacional. Entre los objetivos de la campaña destacan los siguientes:
Cerremos Guantánamo. Cientos de personas continúan detenidas en Guantánamo, sin cargos y sin apenas esperanzas de tener un juicio justo.
A pesar de la indignación internacional y del deseo expresado por las propias autoridades estadounidenses de cerrar el campo, Guantánamo sigue recluyendo a detenidos ilegalmente.
Cientos de detenidos languidecen en unas condiciones crueles, inhumanas y degradantes, incluso aquéllos cuya liberación ya ha sido autorizada.
Guantánamo es un símbolo de injusticia y abusos, y debe cerrarse.
Amnistía Internacional insta al gobierno de Estados Unidos a que cierre Guantánamo de un modo transparente que respete plenamente los derechos humanos de los detenidos y haga comparecer en juicios justos a quienes sean acusados de delitos comunes reconocibles
Nada de tratos con Estados que torturan. En el contexto de la "guerra contra el terror", algunos Estados han intentado devolver a personas detenidas a lugares en los que corren el riesgo de sufrir tortura y otros malos tratos.
Han buscado y aceptado "garantías diplomáticas" de Argelia, Egipto, Jordania o Túnez, según las cuales las personas devueltas no sufrirán violaciones de derechos humanos.
En algunos casos, estas garantías de ausencia de tortura han demostrado no ser fiables y han tenido drásticas consecuencias para las personas afectadas.
Además, las garantías diplomáticas no se pueden hacer cumplir y son manifiestamente discriminatorias. Son papel mojado.
Amnistía Internacional se opone al uso de garantías diplomáticas en estas circunstancias, pues ponen en peligro la prohibición internacional de la tortura y otros malos tratos, y en particular, la obligación absoluta e incondicional de no entregar a ninguna persona a un país en el que corra el riesgo de ser sometida a tortura o malos tratos.
Poner fin a los secuestros. Se teme que cientos de personas hayan sido detenidas ilegalmente y trasladadas, por lo general en secreto, a países en donde les esperan más violaciones de derechos humanos, como la tortura u otros malos tratos y la desaparición forzada.
Algunas de las víctimas de esta práctica -conocida como "entrega"- han acabado en centros oficiales de detención estadounidenses, tales como Guantánamo. Otras siguen desaparecidas, y se desconocen su suerte y paradero.
Aunque es Estados Unidos el que ha construido esta red de entregas, detenciones secretas y desapariciones forzadas, nada de esto sería posible sin la participación de otros gobiernos y servicios de seguridad de todo el mundo.
Amnistía Internacional hace campaña para que los gobiernos abandonen las prácticas de traslado ilegal, desaparición forzada y detención secreta de una vez por todas.
La organización también trabaja para que se haga rendir cuentas a todas las personas responsables de tales prácticas.